El Gobierno nacional aprobó el Decreto 549/2025, que implementará un nuevo régimen de valoración de incapacidades laborales por accidentes o enfermedades profesionales. Esta normativa sustituye el Anexo I del Decreto 659/1996, vigente desde 1996, y establecerá un sistema uniforme para todo el país a partir de febrero de 2026.

El cambio fue impulsado por el Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (CCP), que respaldó por unanimidad la actualización de criterios. La medida —ya publicada en el Boletín Oficial— aplicará a todas las determinaciones de incapacidad laboral pendientes al momento de su vigencia. infobae

¿Qué cambia?

• Se adoptan criterios objetivos y cuantificables para cada tipo de secuela física o psíquica, eliminando los intervalos amplios que permitían variabilidad en los dictámenes.

• La tabla se organiza en capítulos que abarcan desde traumatología y oftalmología hasta psiquiatría, oncología y toxicología, con porcentajes definidos para cada lesión o enfermedad.

• Se aplica el método de “Capacidad Restante”, integrando factores como edad del trabajador, tipo de actividad y posibilidades de reubicación laboral. 

• Se refuerza la función de los cuerpos médicos forenses y peritos oficiales, con el objetivo de garantizar imparcialidad y homogeneidad en las evaluaciones.

¿Por qué es relevante para las empresas?

Este nuevo régimen tiene implicancias directas para empresas de todos los tamaños, en especial para aquellas con trabajadores expuestos a riesgos laborales. Entre los principales efectos destacan:

• Necesidad de revisar y actualizar políticas de salud ocupacional y seguridad e higiene para asegurar cumplimiento normativo.

• Posible impacto en costos vinculados a indemnizaciones, ART y seguros de riesgos del trabajo, ya que la tabla redefine los porcentajes de incapacidad.

• Importancia de contar con protocolos de prevención, monitoreo y asesoramiento técnico para anticipar escenarios y minimizar contingencias.

• La exigencia de contar con servicios especializados que comprendan tanto la dimensión médica como la legal-técnica de la valoración de incapacidades.

Qué hacer ahora

Para las organizaciones, se vuelve crucial:

1. Auditar los programas actuales de salud ocupacional y exámenes médicos laborales.

2. Consultar con profesionales y auditorías especializadas para anticipar el impacto del nuevo régimen.

3. Capacitar a mandos medios en la interpretación de la nueva tabla y sus criterios, dado que la actualización trae mayor exigencia técnica.

4. Integrar servicios que incluyan seguimiento de salud, controles toxicológicos, capacitación en riesgos y asesoramiento legal-médico.

En este contexto, contar con un aliado confiable en salud ocupacional —que ofrezca servicios integrales, atención ágil y cumplimiento normativo— se vuelve una ventaja competitiva.

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